Díaz y Forti SA, exportó durante un año sin liquidar divisas al Banco Central, y las ingresaban por “Contado con Liqui”, duplicando la ganancia de forma ilegal. Fue condenada por una Jueza Federal de Rosario, con una multa irrisoria. El abogado defensor fue Cúneo Libarona, actual Ministro de Justicia.
Una investigación de la Juzgado Federal 3 de Rosario determinó que entre mayo de 2020 y mayo de 2021, la firma Díaz y Forti SA realizó exportaciones que no liquidó ante el Banco Central por casi U$S 700 millones.
Sin embargo, el fallo judicial no sólo no obliga a Díaz y Forti a reponer al Banco Central los dólares no ingresados, sino que simplemente la obliga a hacer frente a la multa de sólo U$S 2 millones.
Díaz y Forti era una firma acopiadora y exportadora de rango menor, pero creció en escala durante el 2020 cuando cerró un contrato de alquiler con la concursada Vicentin SAIC, para utilizar sus instalaciones de molienda y puertos.
La maniobra financiera realizada de no liquidar las exportaciones por el mercado oficial de cambios, sino de retener los dólares en el exterior e ingresarlos bajo la modalidad de “Contado con Liquidación” les generó una ganancia “extra” pero ilegal de prácticamente el 100%.
Díaz y Forti SA, además, es sospechada de operar de manera tercerizada para la concursada Vicentín.
Las normas del Banco Central obligan de los exportadores de liquidar las divisas a través de la autoridad monetaria y al valor del dólar oficial. Cualquier desvío, es considerado un delito equivalente al contrabando.
Según la normativa vigente, la pena puede ser de hasta 10 veces la suma evadida, sin embargo la Jueza la condenó sólo el 0,3 % del valor en discusión.
Las irregularidades se cometieron entre mayo de 2020 y mayo de 2021, durante la administración de Alberto Fernández, colocando a Diaz y Forti entre los más activos fugadores de aquel momento. El abogado defensor durante todo el proceso, fue Mariano Cúneo Libarona, quien renunció a la defensa el 11 de diciembre de 2023, día que asumió como Ministro de Justicia de Javier Milei.
Informaciones periodísticas señalan que Díaz y Forti SA, además, es sospechada de operar de manera tercerizada para Vicentín, inhibida tras el concurso preventivo declarado sólo días después del cuestionado crédito otorgado por el Banco Nación mientras era presidido por Javier González Fraga de casi U$S800 millones y más de $2000 millones entre agosto y diciembre de 2019, sobre el final de la administración Macri.