Escribe: Damián Mengual ✍
El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia 353/2025 emitido por el presidente Milei, habilita un nuevo blanqueo de capitales en moneda extranjera. Explícitamente, el ministro de Economía Caputo apeló a que los argentinos de a pie “saquen los dólares del colchón” (dicho sea de paso: mientras el 90% de sus recursos declarados los sigue conservando en el exterior) Pero lo que podría parecer una invitación pragmática a blanquear fondos, esconde una tensión institucional profunda que, una vez más, expone la histórica debilidad del Congreso argentino.
El artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional es claro en cuanto a los DNU: “esta facultad no podrá ser ejercida en materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos“. Es decir, aunque existiera urgencia, el Poder Ejecutivo tiene expresamente vedado legislar mediante DNU en cuestiones fiscales, como lo es un blanqueo de capitales, aunque estos capitales sean un modesto canuto.
¿Puede el blanqueo de capitales considerarse una situación de necesidad y urgencia? Dudo: No hay catástrofe, pandemia ni guerra. La urgencia parece responder más a una estrategia económica del Gobierno que a un obstáculo real que impida la función legislativa. ¿Por qué entonces no se debatió como proyecto de ley? (aquí sonido de grillos).
A pesar de su dudosa legalidad, el DNU 353/2025 ya está vigente. El motivo es simple: según la ley 26.122 que regula el mecanismo parlamentario de los decretos, si el Congreso no se pronuncia expresamente, el decreto sigue su curso. El rechazo debe ser por ambas cámaras. Y si no se trata en la Comisión Bicameral, tampoco pasa nada…
Dicho de otro modo, en la práctica el silencio legislativo equivale a una aprobación implícita. Así, una medida que debería ser una excepción, en la Argentina se convierte en norma.
Desde la reforma constitucional de 1994, los sucesivos gobiernos argentinos han abusado de los DNUs. Carlos Menem la inauguró con fervor: se estima que firmó entre 190 y 500 DNU, según el criterio de cómputo. Néstor Kirchner lo usó más de 230 veces. Cristina, menos: unas 78. Macri firmó cerca de 70. Alberto Fernández, durante la pandemia, superó los 170. Milei, en apenas 18 meses, ya lleva más de 40 (incluyendo el célebre Mega DNU validado por el Congreso).
Otros países también prevén mecanismos de “legislación urgente”, pero con controles más rigurosos. En España, los decretos-ley deben ser ratificados por el Congreso en 30 días. En Italia, los “decreto-legge” caducan en 60 si no se convierten en ley. En Brasil, las “medidas provisorias” tienen 60 días de vigencia prorrogables una sola vez. Si no hay ratificación, se extinguen. En todos los casos, la excepción tiene fecha de vencimiento. En Argentina, no… más bien exactamente al revés. El resultado es que el Congreso argentino se diluye. No debate, no controla, no limita… y eventualmente si lo hace, es bajo sospecha del cobro de “favores excepcionales”.
La división de poderes, columna vertebral de toda república, parece tambalear más que nunca en la administración de Milei. En los hechos, se va configurando una especie de “estado de excepción permanente”, donde el Ejecutivo no solo gobierna: también legisla.
En este sentido, vale recordar que en 1992 el presidente peruano Alberto Fujimori habló por cadena nacional para anunciar la disolución del parlamento y la “reorganización” del Poder Judicial, argumentando que estas medidas eran “necesarias para implementar reformas estructurales y combatir la corrupción y el terrorismo”.
Más allá de la coyuntura económica (y la necesidad de acumular reservas a como de lugar) el DNU “del colchón” es una señal más de una deriva institucional que pone en riesgo el equilibrio de la democracia argentina. Si el Congreso no recupera su rol protagónico, si no exige su facultad exclusiva de legislar, la excepción dejará de ser tal. Y la república podría quedar atrapada en un bucle autoritario, disfrazado de urgencia… hasta que la urgencia pase por considerar que el Congreso no hace falta, por tanto un gasto que perfectamente puede caer bajo la (ya claramente irracional y en colisión con el sentido común) motosierra de un presidente legal pero, para mi gusto, cada día un poco menos legítimo.