La medida fue difundida luego de que el sacerdote fuera sindicado como uno de los promotores de la visita de los diputados de la Libertad Avanza al penal de Ezeiza, donde residen ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad.
Mediante un comunicado que circuló en las redes oficiales del Obispado Zárate-Campana, fechado este 14 de agosto, se informó que el Padre Javier Olivera Ravasi (46) “en adelante no tiene autorización para residir” en el territorio diocesano, explicando que el sacerdote está “incardinado” en la Diócesis de San Rafael, provincia de Mendoza, y desde hace varios años se encuentra “fuera de la misma”. De hecho, versiones indican que, últimamente, Olivera Ravasi tiene su domicilio frecuente en Zárate.
“Por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta Diócesis de Zárate-Campana, lo que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año”, señala el documento y agrega: “posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno. Dado que en reiteradas ocasiones, se recibieron en este Obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano —máxime proviniendo de un sacerdote—, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder. Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana, así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis”.
Imagen del comunicado difundido en las redes del obispado Zárate Campana
La decisión del obispado llegó después de que se conociera la vinculación de Olivera Ravasi con la organización de la visita de diputados de La Libertad Avanza a la Unidad N°31 de Ezeiza, donde el pasado 11 de julio mantuvieron un encuentro con los ex militares detenidos por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar en la Argentina, donde cumplen sus condenas Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Mario Marcote, Miguel Britos, Honorio Martínez Ruiz, Adolfo Donda, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello, Manuel Cordero, Gerardo Arráez, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason (hijo), entre otros.
La foto difundida luego de la visita de diputados de LLA a Ezeiza el pasado 11 de julio.
Al respecto, días atrás el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, P. Máximo Jurcinovic, había aclarado en redes sociales: “Lo expresado y actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi en relación a la visita de un grupo de Diputados a la Cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la Conferencia Episcopal Argentina. Se trata de una acción particular y personal del mencionado sacerdote” y agregó: “La mirada de la Iglesia Argentina sobre este tema se encuentra presente en la publicación realizada el año pasado en los 3 tomos de la edición ‘La verdad los hará libres’ que fue encargada por la Conferencia Episcopal Argentina a la Universidad Católica Argentina”.
Nacido el 12 de septiembre de 1977, Javier Olivera Ravasi recibió su formación sacerdotal en el Instituto del Verbo Encarnado (IVE) en la ciudad mendocina de San Rafael. Es abogado, teólogo, escritor y youtuber. También cursó materias de la licenciatura de sociología, que abandonó por no coincidir con la orientación de la carrera.
Su padre, Jorge Antonio Olivera, mayor retirado del Ejército, ha sido condenado por la justicia argentina a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Según recoge el diario Perfil, el P. Olivera Ravasi ha dicho sobre el caso: “Mi padre está detenido por haber luchado en la década del ‘70 y hace 15 años que está preso. Es algo público y yo lo he visitado en la cárcel. Para mí es una cruz familiar”. Si bien no fue acusado formalmente por el hecho, se le sindica haber jugado un rol de “apoyo activo” en la cinematográfica fuga de su padre, Jorge Olivera, y de Gustavo De Marchi, del Hospital Militar en Buenos Aires en 2013. Ambos fueron recapturados años después.
Según versiones periodísticas, Olivera Ravasi habría tenido el 14 de marzo una “reunión clave” con legisladores y juristas en la que empezó a tomar cuerpo la estrategia para lograr la prisión domiciliaria de los represores. Tres días antes había posteado en X: “Si quieren a los militares argentinos en las calles de Rosario: 1) Indulten a los ancianos militares o anulen los falsos juicios de lesa humanidad, 2) Reparen la venganza kirchnerista que lleva más de 20 años contra los jóvenes militares que cumplían órdenes, y 3) Anulen la ley de defensa de la democracia que lo impide. Si no, no la ven”.